Decenas de organizaciones firman en Madrid una declaración para que no se imparta religión en los colegios y denunciar los acuerdos con el vaticano

InSurGente.
La declaración, fundamentalmente, demanda a los partidos políticos que reconozcan la evolución de la sociedad española, que representen al conjunto de la ciudadanía eliminando los privilegios de que disfruta la Iglesia Católica, y que trabajen para que el ámbito público sea realmente neutral. En dicha declaración se considera que la Ley Orgánica de Educación consolida e intensifica la religión en la escuela, lo que obliga a los firmantes a seguir reivindicando un modelo de escuela laica y el fortalecimiento de la escuela de titularidad pública.
Por estos motivos exigen la derogación de los acuerdos con el Vaticano, que la religión deje de formar parte del horario lectivo, que ninguna simbología religiosa tenga presencia institucional en los centros escolares y que con el dinero público no se financie el adoctrinamiento religioso.
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